Requisitos habilitantes: la guía completa para contratación pública
Capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y organizacional — todo lo que necesitas para ser habilitado como proponente en Colombia.
Contenido
¿Qué son los requisitos habilitantes?
Son las condiciones mínimas que un proponente debe cumplir para que su propuesta sea evaluada (Art. 5, Ley 1150 de 2007). No otorgan puntaje — son de cumple/no cumple. Si no los acreditas, tu propuesta es rechazada sin evaluar la oferta económica ni técnica. Son 4 categorías: capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y capacidad organizacional.
1. Capacidad jurídica
Certificado de existencia y representación legal expedido por Cámara de Comercio (vigencia no mayor a 30 días). Debe acreditar que el objeto social permite ejecutar el contrato.
Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
RUT actualizado con la actividad económica correspondiente.
Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría General), fiscales (Contraloría General) y judiciales (Policía Nacional) del representante legal y de la persona jurídica.
Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales de los últimos 6 meses (Art. 50, Ley 789 de 2002). Firmada por el representante legal y el revisor fiscal o contador.
Certificación de no estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General.
Garantía de seriedad de la oferta (póliza de seguros) con vigencia desde la presentación hasta la aprobación de la garantía del contrato.
Si es consorcio o unión temporal: documento de constitución con porcentajes de participación, representante designado y objeto.
2. Experiencia
Se acredita mediante el RUP (Registro Único de Proponentes) expedido por la Cámara de Comercio. Lista los contratos ejecutados con sus códigos UNSPSC al tercer nivel (clase).
El valor de los contratos se expresa en SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes) del año de terminación. El pliego define cuántos SMMLV de experiencia se exigen.
Los códigos UNSPSC de tus contratos deben coincidir con los códigos requeridos en el pliego. Si no coinciden, no acreditas experiencia.
Si la empresa tiene menos de 3 años de constitución, puede acreditar la experiencia de sus socios o accionistas proporcionalmente a su participación.
La experiencia de contratos con entidades públicas Y con particulares es válida. No se limita a contratación estatal.
Cada contrato debe especificar: contratante, objeto, obligaciones cumplidas, valor en SMMLV, fecha de inicio y terminación, y clasificación UNSPSC.
3. Capacidad financiera
Índice de liquidez = Activo corriente / Pasivo corriente. Mide la capacidad de pagar obligaciones a corto plazo. Generalmente se exige ≥ 1.0 a 2.0 según la complejidad del contrato.
Nivel de endeudamiento = Pasivo total / Activo total. Mide qué proporción de los activos está financiada con deuda. Generalmente se exige ≤ 0.60 a 0.70.
Razón de cobertura de intereses = Utilidad operacional / Gastos de intereses. Mide la capacidad de cubrir costos financieros. Se exige ≥ 1.0 a 3.0.
Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente. Debe ser ≥ al presupuesto oficial del contrato en muchos procesos.
Se acredita con estados financieros del año inmediatamente anterior, auditados por revisor fiscal o contador público. Se verifican en el RUP.
4. Capacidad organizacional
Rentabilidad sobre patrimonio = Utilidad operacional / Patrimonio. Mide la eficiencia con que la empresa genera utilidades respecto al capital invertido por los socios.
Rentabilidad sobre activos = Utilidad operacional / Activo total. Mide la eficiencia en el uso de todos los recursos de la empresa para generar utilidades.
Estos indicadores los calcula y certifica la Cámara de Comercio en el RUP con base en los estados financieros reportados. La entidad define los umbrales mínimos en el pliego.
¿Cuándo NO se exige RUP?
Mínima cuantía: la entidad verifica directamente la capacidad jurídica y no exige RUP.
Contratación directa: incluye servicios profesionales, urgencia manifiesta y convenios interadministrativos.
Otros casos: servicios de salud, enajenación de bienes del Estado, contratos de concesión, adquisición en bolsas de productos agropecuarios.
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